Piden que les entreguen 800 documentos de inteligencia militar que llevan exigiendo un año y que podrían tener información clave sobre el destino de sus hijos.
Ciudad de México.- Las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en el sur de México en 2014 amenazaron hoy con romper el diálogo con el gobierno si no les entregan los 800 documentos de inteligencia militar que llevan exigiendo un año y que podrían tener información clave sobre el destino de sus hijos.
Según denunciaron los padres y sus abogados en una conferencia de prensa, desde que se presentó la exigencia, lo único que han conseguido son mentiras, intentos de las autoridades de dividir al grupo, ofertas engañosas de apertura de los archivos y un trato que les recuerda a la administración anterior.
Por eso hoy, después de meses de choques y desavenencias, se salieron de una reunión de la Comisión de la Verdad a la que habían sido convocados y exigieron ser recibidos de nuevo por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aunque, afirmaron, su confianza en él ya casi no existe.
“Señor Presidente, no nos niegue el derecho a saber el paradero de nuestros hijos”, dijo Mario González, padre de uno de los 43 desaparecidos. “Firmó un decreto presidencial donde nos daba todas las facilidades y no cumplió absolutamente nada su palabra”. “¿Cuál es el cambio?”, preguntó en referencia a la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
López Obrador se comprometió a resolver el caso nada más llegar al poder. Pero pese a la creación de la Comisión de la Verdad, de haber calificado el ataque contra los jóvenes como un “crimen de Estado”, de que la Fiscalía General reconociera que la anterior administración armó toda una trama para obstruir el acceso a la justicia, de sumar pruebas, detenciones y procesos judiciales, el caso sigue sin esclarecerse.
Y la principal traba sigue, según las críticas de los padres, en las Fuerzas Armadas. Aunque más de una docena de militares están detenidos y procesados, lo que para el presidente es una muestra de que no habrá impunidad, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que acompañaron durante 8 años a las familias de las víctimas— dejaron el país en julio alegando que los militares seguían ocultando información clave.
